Si la IA elige qué jugadas se analizan, el árbitro sigue siendo responsable de lo que no se muestra

La Real Federación Española de Fútbol presentó la nueva etapa de su programa Tiempo de Revisión, y en esa presentación hay un detalle que conviene mirar con calma: la selección de jugadas ya no depende solo de la mirada de editores o árbitros, sino que pasa por un sistema de inteligencia artificial. La RFEF describe esa incorporación como un avance para el propósito didáctico del espacio, que busca explicar decisiones arbitrales con mayor claridad. El anuncio es relevante porque toca una materia sensible: aquello que se decide mostrar al público termina construyendo la versión oficial de lo que merece explicación en cada jornada.

Casi al mismo tiempo, la Cadena SER recogió las palabras de Iturralde González, exárbitro y analista arbitral, quien puso el dedo en una llaga conocida por quienes trabajan con modelos de inteligencia artificial: el sesgo no nace en el algoritmo, sino en los datos con los que se entrena. Iturralde advierte que el sistema tiene el sesgo de quien introduce los datos, y califica esa situación como muy peligrosa. La frase no describe un fallo técnico concreto del programa de la RFEF; describe un riesgo estructural de cualquier herramienta de este tipo aplicada a decisiones sensibles y con alto escrutinio público.

La información de la Cadena SER agrega una precisión importante: el Comité Técnico de Árbitros puede sumar acciones que no hayan sido seleccionadas por el sistema. Ese dato cambia el análisis. Si el CTA tiene la facultad de incorporar jugadas omitidas, entonces la responsabilidad editorial del programa no la tiene la máquina, sino la estructura humana que decide cuándo intervenir para corregir la selección. La pregunta que sigue abierta es bajo qué criterios se ejerce esa facultad, quién toma la decisión de añadir una acción y si existe algún registro público de las jugadas que la IA dejó fuera y que el CTA consideró pertinente rescatar.

Esa no es una discusión técnica menor. En el arbitraje español, la transparencia ha sido una de las demandas más repetidas por clubes, jugadores y aficionados en los últimos años. La publicación de los audios del VAR, la explicación posterior de decisiones polémicas o la creación de espacios didácticos como Tiempo de Revisión responden, en parte, a esa exigencia de entender por qué se pitó o por qué no se pitó algo. Si el mecanismo que selecciona qué entra en la conversación pública se vuelve opaco, se corre el riesgo de que la transparencia sea solo de forma: se explica muy bien lo que se elige explicar, pero no se sabe qué quedó afuera ni con qué criterio.

El expediente verificado no contiene evidencia de que el sistema haya omitido una jugada relevante, de que haya existido manipulación deliberada ni de que el CTA esté usando su facultad de añadir acciones con un propósito distinto al de mejorar la explicación pública. Decir lo contrario sería ir más allá de lo que las fuentes disponibles permiten afirmar. Sin embargo, la sola existencia de un filtro automatizado sobre las polémicas que se discuten justifica plantear estándares mínimos de trazabilidad: saber qué datos alimentan el modelo, quién los define, cómo se audita la selección y qué ocurre cuando alguien dentro del CTA detecta que una acción relevante no fue seleccionada.

La lección de Iturralde puede leerse en dos niveles. En el primero, es una advertencia sobre la calidad de los datos: si los ejemplos con los que se entrena el sistema provienen de una sola interpretación de la regla, la herramienta aprenderá a reconocer esas jugadas y a ignorar otras igualmente discutibles pero menos frecuentes en el material de entrenamiento. En el segundo, es una advertencia sobre la responsabilidad: cuando una máquina selecciona, la tendencia natural es atribuirle a la máquina lo que en realidad sigue siendo una decisión humana delegada. La aclaración de que el CTA puede sumar acciones no elimina ese riesgo; lo administra.

Para que un sistema así genere confianza, debería poder responderse públicamente a preguntas sencillas: ¿cómo define el modelo qué es una acción relevante?, ¿qué fuentes de datos se usan?, ¿cuántas veces por temporada el CTA interviene para añadir una jugada omitida?, ¿existe una lista pública de esas adiciones y de los motivos? Ninguna de ellas exige revelar secretos técnicos ni comprometer la independencia del Comité. Son, en cambio, las preguntas que un organismo que se presenta como transparente debería poder contestar sin titubeos.

El contexto más amplio refuerza la pertinencia del debate. El uso de inteligencia artificial en el deporte avanza rápido: modelos que estiman riesgo de lesión en juveniles, sistemas de análisis comercial en ligas femeninas, herramientas de selección de jugadas en programas arbitrales. En cada uno de esos casos, la discusión pública tiende a oscilar entre la fascinación por la novedad y el miedo a la sustitución humana. Lo que suele quedar en el medio es lo más importante: los criterios con los que se decide usar la herramienta, la responsabilidad de quien la supervisa y los mecanismos para corregirla cuando se equivoca.

El estreno del nuevo formato de Tiempo de Revisión es una oportunidad para que la RFEF defina públicamente ese marco antes de que las preguntas se conviertan en sospechas. No se trata de poner en duda la buena fe del programa ni de asumir que la IA ocultará deliberadamente polémicas. Se trata de reconocer que la selección de qué se explica es, en sí misma, una decisión editorial con consecuencias públicas, y que las decisiones editoriales sobre arbitraje no pueden quedar en una caja negra, por sofisticada que sea la tecnología que la alimenta.

La fórmula propuesta en el expediente y que conviene retener es simple: si la selección condiciona qué polémicas llegan a la explicación pública, deben existir criterios comprensibles, trazabilidad de omisiones y responsabilidad humana identificable. Los tres elementos están al alcance de la RFEF. Los dos primeros son decisiones de transparencia activa; el tercero, una decisión de gobernanza. Juntos, podrían convertir lo que hoy es un anuncio de modernización tecnológica en un estándar de cómo el arbitraje español rinde cuentas ante la gente que lo financia y lo sufre cada fin de semana.