Un Atanasio inteligente no basta: también debe explicar sus reglas sobre los datos

Un estadio lleno de cámaras que identifican rostros y analizan comportamientos no es solo una obra de infraestructura: es una decisión sobre qué datos se recogen, quién puede usarlos y durante cuánto tiempo. El proyecto de transformación tecnológica del Atanasio Girardot, anunciado por la Alcaldía de Medellín y la Empresa para la Seguridad Urbana, plantea exactamente ese tipo de herramientas. Por eso, antes de que se adjudique el contrato, la ciudad debería exigir explicaciones públicas sobre las reglas del juego.

Lo que se sabe hasta ahora es que la ESU diseña la infraestructura tecnológica del estadio junto con LALIGA, según informó la propia Alcaldía. El Distrito indicó que los pliegos de licitación se publicarían el 15 de octubre de 2026 y que la adjudicación se esperaba entre finales de noviembre y comienzos de diciembre. Son fechas concretas que abren una ventana breve para que la discusión no quede reducida a anuncios de modernización.

El Colombiano describió componentes proyectados de analítica de video y reconocimiento facial a partir de información difundida por la Alcaldía. Conviene precisar que se trata de un proyecto futuro: no hay evidencia en estas fuentes de que esos sistemas ya estén instalados ni operando. Pero precisamente porque aún no están en funcionamiento, este es el momento adecuado para debatir cómo deberían operar, no para descubrirlo después de que el contrato esté firmado.

La analítica de video y el reconocimiento facial en un espacio público masivo plantean preguntas básicas de privacidad. ¿Con qué finalidad exacta se capturarán esos datos? ¿Quién tendrá acceso a las imágenes y a los análisis? ¿Cuánto tiempo se conservarán? ¿Existe un protocolo de auditoría independiente? ¿Qué mecanismo tendrá un ciudadano para saber si fue identificado o para reclamar si considera que hubo un uso indebido? Ninguna de estas preguntas es técnica: son políticas y afectan a todos los asistentes al estadio.

La seguridad es un argumento legítimo y necesario. Un escenario como el Atanasio recibe decenas de miles de personas en cada jornada y requiere herramientas modernas para prevenir y responder a incidentes. Pero la seguridad no es incompatible con la transparencia. Al contrario: un sistema de videovigilancia sin reglas claras termina generando desconfianza, y la desconfianza debilita la legitimidad de la propia medida.

La experiencia de otras ciudades muestra que los proyectos de estadio inteligente suelen avanzar más rápido que la regulación que los acompaña. Cuando la tecnología llega primero y las reglas después, el resultado suele ser una zona gris donde los datos se tratan según criterios internos que el público no conoce. Medellín puede hacer lo contrario: establecer las reglas antes de encender las cámaras.

La Ley de Protección de Datos Personales en Colombia exige que todo tratamiento de datos tenga una finalidad informada y que los titulares conozcan cómo se usan sus datos. Un estadio con reconocimiento facial aplica esa lógica a decenas de miles de personas al mismo tiempo. La pregunta es si un anuncio de prensa y un pliego de licitación son suficientes para cumplir con ese estándar, o si hace falta un ejercicio de deliberación pública más amplio.

No se trata de frenar la modernización del Atanasio. Se trata de que la modernización incluya al ciudadano como sujeto de derechos y no solo como dato. La Alcaldía y la ESU tienen la oportunidad de explicar públicamente, antes de firmar, cómo funcionará cada componente, qué datos recogerá, quién los administrará y bajo qué controles. Eso no retrasa el proyecto: lo hace más sólido.

El Atanasio Girardot es un bien público. Su transformación tecnológica también lo será, o no será legítima. Las fechas anunciadas para los pliegos y la adjudicación son una invitación a que la conversación ocurra ahora, con tiempo y con información. Después, cuando el contrato esté ejecutado y las cámaras funcionen, será mucho más difícil hacer las preguntas.

Un estadio inteligente sin reglas claras sobre los datos es una promesa a medias. La tecnología puede mejorar la experiencia, optimizar la seguridad y atraer inversión, pero ninguna de esas metas justifica opacidad en el tratamiento de información personal. La ciudad necesita que el proyecto explique no solo qué va a instalar, sino cómo va a proteger a las personas que lo usan.